El derrame en Veladero reaviva la demorada ley de glaciares.

 

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La norma fue sancionada en 2010, pero aún no se aplica y tampoco se completó el inventario de estos ambientes congelados. Son claves para conservar el agua en todo el país, pero coinciden con proyectos mineros.

Por La Voz 
El segundo derrame de agua con cianuro en la mina Veladero (San Juan), ocurrido la semana pasada, reavivó el debate por la ley de glaciares, sancionada en 2010 pero que aún no se aplica. Varias ONG reclaman su pronta vigencia y que se publique el inventario de glaciares.

Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación aseguran que el documento será dado a conocer este año. Pero la Asamblea “Jáchal no se toca” entiende que el instituto encargado de confeccionar el inventario reinterpretó la norma y que eso beneficia a la industria minera.

En 2010 se sancionó la ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Una versión previa había sido vetada en 2008 por la entonces presidenta Cristina Fernández.

El texto final fijó que estos son recursos naturales estratégicos y por lo tanto prohíbe la minería y la explotación hidrocarburífera y obras civiles sobre los glaciares y su ambiente.

El primer paso que debería haberse dado es la confección de un inventario de glaciares. Ese trabajo está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).

Debería haber empezado por lo que la ley denominó como “zonas prioritarias”, donde ya se está realizando algún tipo de explotación. Pero las provincias nunca definieron esos sitios.

El resultado es que el inventario aún no se completó. Y, según el Ianigla, sólo incluirá a los glaciares de más de una hectárea. También se tomó el concepto de “cuerpos periglaciares”, más acotado que el de “ambiente periglaciares”, previsto en la ley.

Desde la Asamblea de Jáchal, localidad cercana a Veladero, entienden que esos cambios excluyen a los glaciares que estarían afectados por el proyecto Pascua Lama y al ambiente periglaciar donde está el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de agua con cianuro.

Varias ONG ambientales ya pidieron el cierre definitivo de la mina Veladero y también reclaman la inmediata confección del inventario de glaciares.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) asegura que este proyecto y Pascua Lama (ambas de la empresa Barrick Gold) implican una contradicción respecto de las zonas de prohibición de la ley de glaciares.

Por su parte, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, aseguró que a fin de año se presentará el inventario.

Recurso clave

Según datos del Ianigla, América del Sur tiene cerca de 25 mil kilómetros cuadrados de superficie cubiertos por glaciares. Un 75 por ciento de ellos están ubicados en Chile y el 15 por ciento, en Argentina.

Los glaciares (y los cascos polares) poseen 68,7 por ciento del agua dulce que hay en el mundo. Un 30 por ciento es agua subterránea y el resto está disponible 
en la superficie terrestre.

La mina seguirá cerrada al menos dos semanas

Las tareas en la zona del accidente demandarán al menos dos semanas. Luego la empresa deberá elevar un informe al Gobierno de San Juan, que evaluará si puede volver a funcionar. Pero esto podría cambiar si interviene la Justicia.

Un problema que roza a Córdoba

Córdoba no tiene glaciares, pero estos cuerpos de hielo alimentan algunas de las napas subterráneas del oeste provincial.
“Las aguas subterráneas del oeste cordobés, especialmente en los límites con La Rioja, tienen una procedencia que deriva del derretimiento glaciario”, asegura el geólogo y ambientalista cordobés Carlos Seara.

Años atrás, Seara colocó marcadores radiactivos en el hielo de la cordillera, los cuales llegaron a los llanos de San Luis y a los de Traslasierra en Córdoba.

La minera La Alumbrera, ubicada en Catamarca, transporta el concentrado mineral por un mineraloducto hasta Tucumán. Allí se realiza un tratamiento final para su exportación.

Años atrás, se denunció que el mineraloducto estaba contaminando el embalse de Río Hondo (límite entre Tucumán y Santiago del Estero) y, por lo tanto, la cuenca del río Salí-Dulce que desemboca en la laguna Mar Chiquita.

En Córdoba rige la ley 9.526, que prohíbe la actividad minera metalífera con cianuro y también la extracción de uranio.

Empresarios mineros y profesionales de la actividad nuclear solicitaron la inconstitucionalidad de la norma. Pero, el año pasado, el Tribunal Superior de Justicia la ratificó.


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